Bolívar prohibió las sociedades secretas

            El 8 de noviembre de 1828, el Libertador en su carácter de Dictador de la Gran Colombia, dictó un decreto prohibiendo las sociedades secretas, entre ellas, la masonería, por considerar que las mismas se habían convertido en focos de conspiración contra la integridad de la república.

            El Libertador contó de antemano con el apoyo irrestricto de la iglesia Católica que veía en la masonería un enemigo solapado del catolismo y de la forma como los sacerdotes ejercían su apostolado.  El general Francisco de Paula Santander era virtualmente  la figura principal  de las sociedades secretas y en el seno de estas se habrían gestado los planes que terminaron con el frustrado atentado contra el Libertador el 25 de septiembre, en Bogotá. 

            El decreto tomando medidas dictatoriales adversas a la masonería y otras sociedades  secretas  del liberalismo santanderista, establecía multas o penas de prisión no sólo para los que asistieran a ellas sino también a cuantos les facilitaran su organización, actividades y reuniones.

            Como las medidas eran obligatorias para todas las provincias, el Intendente de Cundinamarca no vaciló en emitir un decreto similar el 5 de diciembre disponiendo juzgar como conspiradores a todos los que se reunieran en sociedades de esta índole, proporcionaren local  para éstas y los que, sabedores del hecho, no dieren parte a la Intendencia.  El decreto de Cundinamarca asimismo declara "perturbadores del orden público a los que divulguen especies y rumores alarmantes  quedando, por consiguiente, suprimida la libertad de imprenta y sospechosos los que anden por las calles con armas, sin permiso expreso de la autoridad".

            Era tal el estado de anarquía y confusión en la época previa o inmediatamente después de la disolución de la Convención de Ocaña, que Bolívar contra su voluntad se vio obligado a proclamar la Dictadura e ir contra los principios que encarnaron la revolución de la independencia.