martes, 16 de julio de 2013

Clausurados PCV y MIR


            El 10 de mayo de 1962 y a raíz de la rebelión de Carúpano que amenazó la continuidad del orden constitucional, el para entonces Presidente de la República, Rómulo  Betancourt, con la anuencia del Gabinete Ejecutivo, decretó la suspención de las actividades de los partidos Comunistas de Venezuela y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ambos, según los anuncios del Gobierno, comprometidos en la intentona subversiva.
            Paralelo a este Decreto se dictó otro ordenando aplicar el procedimiento extraordinario previsto en los artículos 353 y 382 del Código de  Justicia Militar, para quienes aparezcan complicados en delitos de rebelión, motín y sublevación en estado de suspensión de garantías aún para los civiles, alegándose que tal procedimiento estaba dirigido a simplificar la actividad de los tribunales militares y lograr en el lapso breve las sentencias contra los responsables de delitos de subversión.
Fue este un jalón más del Gobierno del primer período constitucional dirigido a lograr la tranquilidad pública degenerada desde octubre de 1960.  Pero ninguna de las medidas de fuerza justificaron ni lograron lo que se pretendía.  Los partidos ilegalizados redoblaron su       encono antigubernamental y la violencia y el terrorismo cundieron por todas partes.
Quedó demostrado desde la inauguración de la democracia que la fuerza contra la fuerza sin más alternativas, sin una brecha para el diálogo y la discusión, ensancha el radio de la violencia y la anarquía.  Había  que buscar la manera de una rectificación por parte de aquellos que emocionados por los resultados de la Revolución cubana creían que en Venezuela estaban dadas las condiciones para aventurar en la subversión.  Quienes se fueron a las montañas con su  fusil,  rectificaron, y  buscaron por el lado bueno de la democracia la mejor perspectiva para la proyección de sus ideas, de unas ideas asimiladas mejor por convicción y no por la imposición que supone el poder armado.  Venezuela en este sentido está hoy más tranquila que ayer.  El PCV y el MIR volvieron a la vida legal durante la Presidencia de Rafael Caldera y asimismo otros grupos de la  izquierda radical.


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