El 10 de mayo de 1962 y a raíz de la rebelión de Carúpano
que amenazó la continuidad del orden constitucional, el para entonces
Presidente de la República ,
Rómulo Betancourt, con la anuencia del
Gabinete Ejecutivo, decretó la suspención de las actividades de los partidos
Comunistas de Venezuela y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ambos, según
los anuncios del Gobierno, comprometidos en la intentona subversiva.
Paralelo a este Decreto se dictó otro ordenando aplicar
el procedimiento extraordinario previsto en los artículos 353 y 382 del Código
de Justicia Militar, para quienes
aparezcan complicados en delitos de rebelión, motín y sublevación en estado de
suspensión de garantías aún para los civiles, alegándose que tal procedimiento
estaba dirigido a simplificar la actividad de los tribunales militares y lograr
en el lapso breve las sentencias contra los responsables de delitos de
subversión.
Fue este un
jalón más del Gobierno del primer período constitucional dirigido a lograr la
tranquilidad pública degenerada desde octubre de 1960. Pero ninguna de las medidas de fuerza
justificaron ni lograron lo que se pretendía.
Los partidos ilegalizados redoblaron su encono
antigubernamental y la violencia y el terrorismo cundieron por todas partes.
Quedó
demostrado desde la inauguración de la democracia que la fuerza contra la
fuerza sin más alternativas, sin una brecha para el diálogo y la discusión,
ensancha el radio de la violencia y la anarquía. Había
que buscar la manera de una rectificación por parte de aquellos que
emocionados por los resultados de la Revolución cubana creían que en Venezuela estaban
dadas las condiciones para aventurar en la subversión. Quienes se fueron a las montañas con su fusil,
rectificaron, y buscaron por el
lado bueno de la democracia la mejor perspectiva para la proyección de sus
ideas, de unas ideas asimiladas mejor por convicción y no por la imposición que
supone el poder armado. Venezuela en
este sentido está hoy más tranquila que ayer.
El PCV y el MIR volvieron a la vida legal durante la Presidencia de Rafael
Caldera y asimismo otros grupos de la
izquierda radical.
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