El 9 de mayo de
1876, el Presidente de la
República Antonio Guzmán Blanco, declaró independiente del
Episcopado Romano a la Iglesia
de Venezuela y pidió al Congreso ordenase que los sacerdotes parroquiales
fueran elegidos por el pueblo, el obispo por los rectores de parroquia
y los arzobispos por el Congreso, retornando así a los usos de la
primitiva iglesia fundada por Jesucristo
y los Apóstoles.
Argumentaba
Guzmán Blanco en su solicitud al
Congreso que “dicha Ley no sólo resolverá el problema clerical, sino que será,
además, un gran ejemplo para la Iglesia Cristiana de la América Republicana , obstaculizada en su marcha hacia la Libertad , el orden y el
progreso por la política retrógrada de la Iglesia Romana ”.
El Congreso
aceptó la solicitud guzmancista, expresando que no vacilamos en emancipar a la Iglesia de Venezuela de
aquel episcopado que pretende absorber desde Roma, como poder infalible y
omnipotente, la vitalidad de un pueblo libre, las creencias de nuestra
conciencia y las nobles aspiraciones de
la gran familia humana.”
Este primer
repudio oficial a la autoridad de Roma por parte de una de las repúblicas
americanas, causó conmoción en todo el mundo.
Las desavenencias de Guzmán Blanco con la Iglesia comenzaron desde
su misma llegada al Poder, pues él era el masón
y liberal y los curas siempre estuvieron manifestantes al lado del
Partido Conservador. Así que tan pronto
llegó al Poder, Guzmán Blanco comenzó por expulsar a los jesuistas y luego le
siguieron los frailes y las monjas.
Todas las propiedades de la
Iglesia fueron confiscadas y se abolieron las escuelas
parroquiales, la ceremonia civil fue declarada la única forma legal de
Matrimonio, los cementerios fueron abiertos a protestantes, judíos y herejes,
se suprimió toda clase de subsidios a la Iglesia y ministros y el Convenio de las
Concepciones, uno de los más antiguos y grandes de América, fue demolido para
erigir allí el actual Capitolio del Congreso.
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