El 15 de julio de 1834 quedó
definitivamente abolida la
Inquisición en España
y la cual había sido impuesta en Venezuela y América durante la colonia. La abolición la decretó la reina María
Cristina de Borbón, cuarta mujer de Fernando VII.
La inquisición era un Tribunal
eclesiástico establecido para reprimir los casos de herejía, es decir, los
delitos que atentaban contra la unidad de la fe cristiana.
Específicamente, el Tribunal de la Inquisición se ocupaba
de averiguar sobre las creencias personales partiendo de simples sospechas o
denuncias y, por las que el acusado no tenía derecho alguno a defensa.
Para obligarlo a confesar, los
inquisidores de la fe podían someterlo a insoportables tormentos que variaban
desde el ayuno absoluto por varios días hasta el aplastamiento de los dedos en
un torno y la ingestión de agua en grandes cantidades. Los que se confesaban herejes eran condenados
a prisión perpetua, o temporal si se arrepentían y los reincidentes quemados vivos en la hoguera.
La inquisición que también existió
en Francia, Italia y Alemania, llegó a España desde Francia en tiempos de Jaime
Primero y se extendió a sus dominios coloniales de América.
Uno de los casos de inquisición
habidos en Venezuela ocurrió en junio de 1658 contra el padre Juan Rivas, cura
de Margarita. Contra el sacerdote hubo
la denuncia de haber aceptado la invitación del capitán de un barco inglés para
celebrar la pascua ocho días después de la nuestra. El padre fue procesado pero absuelto más
tarde en Cartagena al probar su inocencia.
A partir de 1834, año en que España
declara la abolición de la inquisición, se inicia el debilitamiento de esta
condenable práctica medieval hasta quedar radicalmente modificada en lo que hoy
se conoce como “El Santo Oficio”, congregación de la curia romana cuyo objeto
consiste en combatir la literatura perniciosa que atenta contra la moral y
dogma de la iglesia.
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